Bajo el pretexto de la “democratización” asistimos a un cambio copernicano del modelo, no sólo de la justicia, sino de la República Democrática, tal como la mayoría de los abogados lo entendemos.
Por Luis Enrique Pereira Duarte – ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Novenero amigo.
La realidad política, social, judicial y económica del país nos está pasando factura. Las noticias sobre la supuesta “democratización de la justicia” que pretende el Gobierno nacional no sorprenden a quienes desde hace años bregamos por el respeto a las instituciones que, como el Consejo de la Magistratura, son diques de contención al poder de turno.
En la reforma constitucional de 1994 se introdujo la figura del Consejo de la Magistratura para crear un órgano dentro del Poder Judicial que alejara la designación de los jueces de los avatares de la política. La historia en nuestro país había demostrado que, cuando la designación de los magistrados y su destitución fueron atribuciones políticas, la justicia no era precisamente independiente, idónea e imparcial. Los jueces se designaban por ser amigos del poder y su nombramiento muchas veces fue “moneda de cambio” entre políticos.
En la Constitución reformada se dispuso que su conformación debía variar periódicamente y “mantener el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley.” La Constitución no establece concretamente cómo se conforma ese equilibrio. Esa reglamentación quedó a cargo de la ley que lo pondría en funcionamiento. Se previó expresamente el equilibrio entre las representaciones de los jueces, abogados y políticos. Y si bien ese equilibrio nunca existió, las diferencias se agravaron con la sanción de la ley 26080, pergeñada por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner. Con esa ley, hoy vigente, se dio preeminencia a la representación política en detrimento de los jueces y en especial de los abogados.
Vale aclarar que es lamentable que hasta la fecha —pasaron ya siete años— la Corte Suprema no se haya pronunciado acerca de la constitucionalidad de esa ley que plantearon las organizaciones de letrados.
¿Por qué los abogados debemos estar en el Consejo? ¿Por qué la Constitución entiende que la representación de éstos debe ser profesional y no política? Esta norma busca generar un contrapeso frente al poder político, pero además reconoce que somos los abogados los que día a día transitamos los pasillos de tribunales y sabemos fehacientemente cuáles son las cualidades que debería tener un hombre que sea garante del funcionamiento de la Justicia.
Hoy, bajo el pretexto de “democratización” y sin ninguna posibilidad de aportar al debate, asistimos a un cambio copernicano del modelo no sólo de justicia sino de República Democrática, tal como la mayoría de los abogados que estudiamos en universidades públicas y privadas lo entendemos.
La diputada kirchnerista Diana Conti lo explicó de una manera muy gráfica: “En la democracia la mayoría gobierna en los tres poderes”. Es decir, “el relato nacional” al que nos tiene acostumbrados el Gobierno dictaminó que democracia es la suma del poder, y no su distribución ni su equilibrio.
Para los argentinos, hoy debería ser un día para recordar con vergüenza; cuando todavía no terminamos de contar los cadáveres que la ineficacia política dejó en La Plata y Capital Federal, contemplamos cómo este proyecto de “politización” de la justicia, que cambia nuestro régimen político, se aprueba en comisión en el Senado sin ningún tipo de debate.
Carlos Pagni, en una columna en La Nación, lo explica muy bien: “En su mensaje al Congreso, la Presidenta propone que los consejeros se elijan con mecanismos “que expresen más fielmente la voluntad popular, fuente de toda soberanía y legitimidad democráticas”. Sólo un perverso rechazaría la invitación. Ahora bien, si se recomendara “someter a los jueces al control del partido mayoritario”, se advertiría que Cristina Kirchner no auspicia una mutación institucional más: intenta fundar una nueva juridicidad. De eso se trata la reforma judicial del kirchnerismo”.
Con nuestros votos, con nuestras omisiones y cómodos silencios, con nuestro aceptar el “relato” que viene desde el poder, los argentinos estamos a punto de perder el derecho básico de independencia de la justicia. Quedando nuestra libertad y nuestros bienes a merced de quien sea el más votado. Como si las mayorías nunca se equivocaran. Por desgracia, en nuestro país tenemos larga data de equivocaciones de las mayorías.
No se me ocurre cómo cerrar esta columna sin un dejo de desesperanza. Como lo demostró el desastre que hizo el agua en estos días en dos de los centros supuestamente más desarrollados del país, creo que los argentinos, con este cambio en la justicia, quedamos todavía más expuestos, más a la deriva, más vulnerables frente a personas que cuando hay que estar llorando y velando a nuestros muertos sólo buscan acumular más poder.
